Paz y Seguridad - Comité de Seguridad

Paz y Seguridad ¿Qué está en juego? – Juan Carlos Garzón, Director de Dinámicas para la paz de la Fundación Ideas para la Paz

A raíz de la firma de los Acuerdos de Paz y los recientes anuncios de Iván Márquez y otros líderes de las FARC, sobre su salida del acuerdo de La Habana, las dinámicas de seguridad en el territorio colombiano han cambiado las condiciones del desarrollo empresarial.

A partir de la desmovilización de las FARC, se han generado vacíos de regulación en los territorios tradicionalmente de conflicto. El análisis de las nuevas dinámicas se debe centrar en:

· La capacidad de articulación entre los actores del conflicto que permanecen y sus conflictividades fragmentadas

· Las microrregiones

Por primera vez en la historia del conflicto colombiano, el ELN es el actor predominante, seguido por las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo. Las dinámicas actuales del conflicto se caracterizan por:

1. Los combates abiertos y de larga duración, son poco usuales y sustituidos por ataques centralizados y con la menor exposición posible, en una guerra de guerrillas

2. La financiación migró hacia un oligopolio alrededor de las redes de valor del narcotráfico

3. La autoridad en territorios es inestable y se encuentra en proceso de aceptación por parte de las comunidades

4. Existe un riesgo muy alto de un conflicto binacional, derivado de la capacidad de influencia de los grupos armados en territorio venezolano.

5. La violencia es focalizada y persistente en algunas regiones tradicionales

Los actores involucrados en las dinámicas del conflicto son:

ELN: Actualmente se encuentra consolidado en sus zonas históricas y con mayor influencia en zonas estratégicas aledañas. Debido al retiro del Gobierno de Iván Duque de la mesa de negociación en la Habana, los líderes políticos se encuentran recluidos en territorio cubano, por lo que su estructura de mando en territorio colombiano se encuentra concentrado en las economías ilegales con pocos incentivos de retomar el proceso de negociación.

Disidencias: Tienen una trayectoria y motivación diferente a los mandos tradicionales de las FARC, lo que lleva a concluir que sus incentivos de articulación con los disidentes políticos se vislumbran con poca posibilidad de materialización.

Si bien sus zonas de influencia son significativas, se está lejos de tener las FARC 2.0, pues se calcula alrededor de 2700 combatientes identificados como parte e las disidencias, en comparación con los 20000 combatientes que llegó a tener las FARC y los 13200 desmovilizados.

Sumado a esto, hay zonas dependientes de economía ilegales como la producción de cocaína, la minería ilegal y el contrabando, que generan la necesidad de control sobre territorios y corredores estratégicos. Como consecuencia la intervención de la Fuerza Pública no es suficiente para cambiar las condiciones de estos territorios y hace necesario la llegada de las instituciones del Estado.

Si bien los indicadores de seguridad como las tasas de homicidio y asesinato de líderes sociales han disminuido en territorios con PDETs, los indicadores de amenazas, tasa de confinamiento de las comunidades y las victimas por minas antipersona, han aumentado significativamente junto a la inestabilidad por la coyuntura electoral.

Esto se explica a partir del alto costo que genera la violencia explicita, relacionado directamente con el grado de asentamiento de los grupos armados en los territorios sobre los que generan influencia.

Adicionalmente, es necesario a analizar el efecto que puede tener la presencia del ELN en territorio venezolano y el grado de vulnerabilidad de Colombia en la frontera, sumada a los fenómenos derivados de la influencia de grupos ilegales en la zona.


Balance de la Implementación del Acuerdo de Paz

Desde un punto de vista neutral y despolitizado, se puede identificar que las reformas establecidas en los Acuerdos de La Habana, son necesarias para el desarrollo del país. Su análisis se debe hacer más desde la percepción de este como un Acuerdo de Transformación Territorial, que como un conjunto de concesiones para finalizar un conflicto. Lo que lleva a plantear como pregunta central ¿Cómo se están implementando?

Desde el Gobierno de Iván Duque se ha planteado la transformación de los territorios a través de la legalidad, lo que requiere infraestructura y capacidades estatales que en las zonas tradicionales de conflicto no existen. Esto evidencia una falta de comunicación entre los planes, decisiones y acciones del Gobierno y las necesidades de desarrollo de las comunidades de los territorios que se desean impactar.

Los recursos y esfuerzo del Gobierno en este proceso de implementación del Acuerdo son numerosos, a pesar de las posiciones políticas que se han generado alrededor de este proceso. Sin embargo, la gran cantidad de tiempo que se ha dedicado a la organización de componentes administrativos ha generado incertidumbre entre los grupos de interés frente a la continuidad de la implementación. A pesar de esto, se puede asegurar que el Gobierno ha cumplido con puntos básicos en materia de reincorporación de los desmovilizados dando vigencia a los CTRs, entre otras acciones.

Adicionalmente, se cuestiona el proceso de reincorporación económica sostenible de los excombatientes desmovilizados, a través de la definición del rol del sector privado y del aprovechamiento del gobierno de esta oportunidad para expandir su control estatal en territorios donde su ausencia es tradicional.

Por otro lado, la sustitución de cultivos en Colombia se ha concentrado en la erradicación voluntaria, siendo el nivel de sustitución con proyectos productivos es muy bajo. Para esto pueden ser útiles los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, dentro de los cuales se pueden encontrar planes a 15 años y una hoja de ruta para implementar. Sin embargo, no hay claridad sobre la fuente de financiación.

Finalmente, se debe resaltar el programa de Zonas Futuro, liderado por el Alto Consejero Presidencial de Seguridad Nacional Rafael Guarín, que prioriza 6 regiones donde los PDETs se aplicaran con mayor velocidad:

· Pacifico Nariñense

· Sur de Cordoba

· Bajo Cauca

· Catatumbo

· Arauca

· Parque del Chiriviquete

El proceso de implementación de los acuerdos debe concentrarse en:

1. Disrupción de economías ilegales a través de la creación de economías legales

2. Transito a la legalidad, llevando el mercado a estas nuevas economías

3. Protección del Medio Ambiente y protección del entorno.

Los invitamos a profundizar sobre el tema en la Zona de Afiliados, en la sección correspondiente al Comité de Seguridad CEA - OSAC


Análisis sobre el hurto mediante inhibidores de señal, a personas y comercio – Mayor Julio Walteros, Director del Centro de Información Estratégica Policial Seccional CIEPS

El CIEPS se dedica al análisis cualitativo y cuantitativo de los datos, con el propósito de replantear los servicios policiales, a partir de la reformulación del rol de los cuadrantes, las especialidades y la Alcaldía, e insumos estadísticos que permitan la construcción de políticas públicas para la seguridad y convivencia ciudadana.

Actualmente, tiene como reto replantear la estrategia de efectividad de los recursos policiales garantizando la seguridad ciudadana, ahora que se cuentan con 1500 policías menos, debido al fallo del Consejo de Estado, a través de la recolección de información con vocación de éxito.

En 2018 se denunciaron 129309 delitos, dato que se comparó con el mapa de Bogotá, dividido en 5150 zonas de 250mts, para obtener la priorización de 516 zonas que representan 36% de los delitos cometidos en la ciudad. Se identificaron:

· 100 zonas con alto grado de hurto a vehículos

· 100 zonas con alto grado de hurto a motocicletas

· 100 zonas con alto grado de hurto a personas

· 100 zonas con alto grado de hurto a residencias

· 116 zonas con alto grado de hurto a comercios

o 72 zonas donde se denuncio violencia en el hurto

o 44 zonas con modalidad de hurto por descuido o distracción

La estrategia propuesta busca aumentar el grado de oportunidad del servicio policial, a partir de la recolección efectiva de información y la redefinición de roles y responsables en la seguridad ciudadana. Por lo que propone:

1. Formulación de protocolos de atención a las problemáticas de cada zona

2. Identificación de agencias y actores policiales competentes en cada situación de delito, procurando entornos protectores.

3. Articulación de todas las instituciones involucradas en la garantización de la seguridad ciudadana, buscando mayor efectividad y calidad

4. Toma de decisiones frente a la intervención del territorio de acuerdo con su caracterización.

Adicionalmente, la división del territorio en zonas de 250 mts permite:

· La caracterización detallada y exhaustiva de cada zona

· La identificación de los riesgos sociales y su respectivo plan de gestión, para reducir la viabilidad del delito.

Esto se suma a la implementación de tecnología de punta para la plena identificación de los criminales al momento de su captura, facilitando su judicialización.

Su labor se ha relejado en:

· Identificación de 335 bandas

o Identificación de 1181 personas

§ 64 con medida de aseguramiento

· Caracterización de la modalidad del delito y la actividad delincuencial

· Identificación de los blancos de oportunidad

· Análisis de matriz operacional y la estructura delincuencial

· Desarticulación de bandas


Apoyo para judicialización de venezolanos – Henry Corredor Director Región Andina de Migración Colombia.

Recientemente, los ciudadanos venezolanos capturados por comisión de delitos no podían ser judicializados ante la imposibilidad de identificarlos plenamente por autoridades consulares venezolanas. Sin embargo, en la búsqueda de una alternativa que permitiera evitar la continuidad de la actividad criminal de estos ciudadanos extranjeros, a partir del trabajo conjunto entre la Policía Nacional y Migración Colombia, se ha llegado al proceso de Individualización.

La individualización es un proceso consistente en normalizar la situación de migración del capturado, a través de su registro como migrante, lo que permite proceder con su proceso de judicialización.