Durante la pasada sesión del Comité de Seguridad CEA – OSAC, la Dra. Paula Andrea Ramírez, Procuradora Tercera Delegada para la Casación Penal ante la Corte Suprema de Justicia, compartió con los miembros del Comité que una de las mayores preocupaciones desde el punto de vista penal y corporativo es la naturaleza transnacional de la criminalidad, agravado por el uso de las nuevas tecnologías.
La empresa puede ser sujeto activo, los delitos cometidos por los miembros dentro del objeto social de la empresa o pasivo, los delitos cometidos por los miembros sin relación con el objeto social de la empresa frente a los delitos cometidos al interior de su estructura, ambos con impactos negativos en su desarrollo. En la mayoría de los casos, Los delitos cometidos al interior de las empresas se relacionan con la apropiación de dinero y las falsedades, seguidas por la corrupción.
Las principales causa y factores que facilitan la comisión de delitos al interior de las compañías son falta de controles internos, debilidad de la cultura de ética, debilidad de los sistemas de denuncias internos, incumplimiento normativo y tiempos procesales.
Los impactos económicos de los delitos, en gran parte de los casos, se ven reflejados en el área reputacional. En Colombia, la gravedad del delito lleva a la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio, para casos que no implican responsabilidad penal.
Entre los retos de la seguridad y la justicia penal se encuentran la responsabilidad penal corporativa, la ética en los negocios, responsabilidad penal de las personas jurídicas y compliance.
En Colombia se entiende el Compliance desde dos perspectivas:
1. No tiene efecto penal, pues se enfoca en la prevención de la criminalidad
2. La regulación de soborno transnacional, Ley 1778 de 2016, desarrolló la necesidad de incorporar compliance para empresas vigiladas por la superintendencia de sociedades de tal forma que el programa lleve a la empresa a enfrentar las consecuencias penales de los delitos cometidos
Debido al ingreso de Colombia a la OCDE se tipificó el delito de financiación de campañas políticas, cumpliendo el FCPA.
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